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| 13Jul2016

Contexto y Reforma Laboral.

Por: Juan Carlos Díaz

En lo medular, el actual modelo de relaciones laborales chileno se erige sobre la base de dos grandes instituciones. Desde el punto de vista del derecho individual del trabajo, se sustenta en la estructura del Código del Trabajo dictado en 1931. En el aspecto colectivo del derecho del trabajo, rige aquello que en 1979 se denominó “Plan Laboral”, entramado normativo diseñado desde el Ministerio del Trabajo y compuesto por los siguientes Decretos Leyes: 2.756 de 1979, sobre organizaciones sindicales; 2.758 de 1979, sobre negociación colectiva y 2.757, sobre asociaciones empresariales.

Las ideas básicas del modelo laboral chileno dicen relación con la prohibición de la negociación más allá del nivel de la empresa, la exclusión de la negociación colectiva de un gran número de trabajadores, la circunscripción del derecho a huelga exclusivamente en el marco de la negociación colectiva, erradicando las huelgas por incumplimiento de contrato o de derechos en general. Además, se permite el reemplazo de huelguistas y se generó un paralelismo negociador entre diversos órganos con facultades negociadoras simultáneas (sindicatos y grupos negociadores).

Un aspecto que amerita especial consideración es aquél que prohibió, como materias negociables, “las que limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa, evitando una posible cogestión del negocio”, poniendo a priori un importante coto a la acción sindical y, al mismo tiempo, blindando el poder de acción del empleador.

Ahora bien, desde 1990 hasta ahora, ha habido cinco modificaciones legislativas que, en lo sustancial, no han afectado el marco general antes descrito, cuestión que evidencia, a pesar del dinamismo propio de esta área del derecho, lo estable del sistema de relaciones laborales vigente en nuestro país.

La última idea planteada se demuestra al constatar que, a pesar de que las leyes del trabajo se aprueban por quórum simple (no calificado) y habiendo, en más de una oportunidad, mayoría suficiente en el legislativo para introducir cambios sin la necesidad de los votos del conglomerado político opositor, aun así no se observan cambios fundamentales.

A mayor abundamiento, el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile del año 2014, editado por la Universidad Diego Portales, planteó que las reformas impulsadas en los gobiernos democráticos hasta hoy “sólo han sido simples retoques o ajustes al modelo imperante, dejando intactas sus bases esenciales”, diagnóstico que ratifica en el informe del año siguiente.

 

En aquél contexto legislativo es que el Gobierno, el día 29 de Diciembre de 2014, ingresa al parlamento el Proyecto de Reforma Laboral (el sexto intento desde 1990) y cuyo objetivo es el “desarrollo de relaciones laborales modernas, justas y equilibradas entre las partes, en las que predomine el diálogo y el acuerdo, combinando objetivos de equidad, eficiencia y productividad”. Representa éste, al margen de todo juicio técnico y/o político, la reforma laboral más importante que se ha ventilado en muchos años.

Las principales medidas contenidas en el proyecto son:

1.- Ampliación de la cobertura de la negociación colectiva a trabajadores que están excluidos de ejercer ese derecho (aprendices, trabajadores eventuales o transitorios, mandos medios).

2.- Titularidad sindical: Reconocimiento del sindicato como único sujeto de la negociación colectiva en representación de sus afiliados.

Además, tendrán titularidad para negociar los sindicatos inter empresa y de trabajadores eventuales o transitorios.

3.- Ampliación del derecho a información de los sindicatos, con la finalidad de mejorar la calidad de las negociaciones y de la relación con la empresa.

4.- Simplificación del procedimiento de negociación colectiva reglada.

5.- Eliminación del reemplazo y reintegro individual de huelguistas, y regulación del deber del sindicato de proveer servicios mínimos a través de equipos de emergencia.

6.- Ampliación de las materias a negociar y establecimiento de un piso mínimo de negociación colectiva.

7.- Aumento de horas de trabajo sindical.

8.- Aumento del número de trabajadores para formar un sindicato.

9.- Modificaciones sustantivas al sistema de mediación y arbitraje.

10.- Incremento de causales que constituyen prácticas antisindicales, reducción de fueros y cambios en los permisos sindicales.

El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso Nacional el 6 de abril del presente año, mas, la oposición política recurrió al Tribunal Constitucional (TC) el 7 de abril para que éste declare inconstitucional las siguientes materias reguladas por el proyecto de ley:

1.- Titularidad del sindicato para negociar colectivamente y exclusión de los grupos negociadores.

2.- La prohibición de la posibilidad del empleador de extender los beneficios conseguidos por un sindicato a trabajadores no sindicalizados.

3.- La obligación de entregar información sobre remuneración de los trabajadores no sindicalizados.

4.- La obligatoriedad de la negociación colectiva con el sindicato interempresa.

Finalmente, el 9 de mayo, el TC publica el fallo que declaró inconstitucional dos normas claves de este intento legislativo, a saber, la titularidad sindical y la extensión automática de beneficios a los trabajadores que se afilien al sindicato. Sobre la primera, el custodio de la Carta Fundamental argumenta que con esta disposición se está en presencia de “una afectación constitucional múltiple de derechos constitucionales”, tales como la negociación colectiva con la empresa como un derecho de los trabajadores; el derecho a asociarse sin permiso previo; la que establece que la afiliación sindical será siempre voluntaria; la no afectación de los derechos en su esencia, sin imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan el libre ejercicio, y, finalmente, la norma que señala que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

Sobre la extensión de beneficios vía afiliación, el tribunal aseguró que la disposición impugnada tiene la “potencialidad de generar un grado de incertidumbre mayor para el empleador respecto, al menos, del momento y magnitud del impacto de la extensión automática de beneficios en los costos laborales”. Esto, concluye, vulnera el derecho a la libre contratación, lo que genera un “efecto colateral en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica”.

En tal escenario, el Ejecutivo reaccionó con el envío de un Veto Presidencial, que consiste en la facultad exclusiva del Presidente de la República para rechazar total o parcialmente un proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional. En lo concreto, el veto tuvo un carácter parcial, pues sólo se suprimieron algunos aspectos del proyecto aprobado por el Congreso y revisado por el Tribunal Constitucional.

El último capítulo, hasta el momento, de esta escalada legislativa se escribió el pasado 03 de julio por los parlamentarios de oposición, quienes presentaron un nuevo requerimiento para ante el Tribunal Constitucional contra el tantas veces mencionado Veto, por considerar que con él La Moneda no está tomando en cuenta el “efecto vinculante” del veredicto del TC.

De lo que acontezca con el veto, tanto en su tramitación legal ordinaria dentro del Congreso y luego ante el TC, como del nuevo requerimiento planteado directamente ante este mismo tribunal, surgirá el resultado final de la Reforma Laboral, el que, de todos modos, importará para la empresa adecuaciones y ajustes en su forma de relacionarse con sus trabajadores.

 

En definitiva, y más allá del resultado de la carrera legislativa –ciertamente relevante-, el área laboral, desde una perspectiva jurídica, responde al llamado de los tiempos modernos y del libre mercado, toda vez que ofrece una gran flexibilidad y normas mínimas y máximas relativamente bajas y permisivas y amplias posibilidades de subcontratación, incluso cuando del giro principal se trata. Sobre lo mismo, todo lo señalado da cuenta de una idea históricamente compartida en Chile: aquella que lo posiciona como un país estable, con instituciones permanentes y con un estándar de seguridad jurídica altamente consistente.