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| 12Sep2016

La semana 5 al 11 de septiembre

Por: Alfonso Morales Celis

En Chile la Ley Reservada del Cobre y la discusión parlamentaria sobre el aborto concentran parte importante de la agenda política-económica de la semana.

Los privilegios que las Fuerzas Armadas chilenas recibieron durante la dictadura de Pinochet, comienzan a ser tan evidentes que es imposible ocultarlos por más tiempo. Los políticos han advertido por dónde van los tiros y empujados por una ciudadanía que despierta de su letargo alzan las voces para arreglar los agravios. Es verdad que se engendraron en dictadura (los privilegios), pero la clase política no sólo ha convivido, sino que más de uno se ha beneficiado con ellos durante muchos años .

Un ejemplo de estas anormalidades es la Ley Reservada del Cobre, que entrega anualmente a las FF.AA. el 10% del total de las ventas (no de las utilidades) de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), para la adquisición de material bélico. Mientras el precio del metal se mantuvo estable en una buena cifra, nadie tocó el tema. Pero, ahora, cuándo el precio ha bajado bruscamente y las expectativas de futuro no son las mejores, las alarmas se han encendido en Palacio, entre “sacristanes” y cortesanos. Para complicar la situación se han descubiertos manejos turbios en las platas uniformadas, con generales acusados de enriquecimiento ilícito y pagos de facturas por trabajos que no se realizaron nunca, según relataron algunos proveedores en la Comisión Investigadora creada por la Cámara de Diputados.

El gobierno y la Presidenta Bachelet, que se siente parte de “la familia militar”, tratan de postergar la discusión que inevitablemente seguirá en la noticia mientras no se tomen decisiones definitivas al respecto. El conocimiento de la situación, no ha hecho más que ratificar que ya no es posible ocultar a la opinión pública esta clase de irregularidades, que las FF.AA. chilenas no son inmunes a la corrupción y que la clase política sigue demostrando con su silencio la complicidad y consiguiente responsabilidad con estos vicios post dictatoriales.

Desde el año 1989, Chile se cuenta entre los seis países del mundo que prohíben y criminalizan el aborto. Durante su historia democrática, el país siempre contó con sistemas sanitarios que permitían el aborto terapéutico y promovieron el control de la natalidad. Fue en 1989, casi al término del gobierno dictatorial del general Pinochet, que se prohíbe el aborto en toda circunstancia. Desde entonces hasta hoy la discusión se ha limitado a la defensa irrestricta que cada sector hace de sus ideas al respecto. La Iglesia, la Derecha conservadora por una parte y los sectores de Centro y de Izquierda por otra, no han logrado acordar nada hasta ahora. Con el agravante para los progresistas, favorables al aborto, que la división también se ha instalado en su seno.

Finalmente, el 31 de enero de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet presentó al Congreso el proyecto de ley que “regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad del feto de carácter letal y que sea producto de una violación.

Después de un año y medio de trámite parlamentario, el proyecto podría ser aprobado a principios de 2017. Contando para ello con que todo se dé como el ejecutivo prevé. Sin embargo hay muchas dificultades que superar hasta entonces: los procesos electorales municipales que de acuerdo a sus resultados colocarán a los candidatos en posición de partida para la presidencial y los líos internos de la Democracia Cristiana (que forma parte del Gobierno) que no termina de definir su apoyo al proyecto. Si hubiese que hacer un pronóstico prudente, se diría que el proyecto se puede aprobar o rechazar, o todo lo contrario. Como ha sido siempre desde hace casi treinta años.

España

La propuesta de nombramiento de José Manuel Soria y las elecciones en las comunidades de Galicia y País Vasco acapararon la atención de la semana.

Mariano Rajoy, Presidente en funciones del Gobierno de España, seguramente confiado en los resultados electorales en los que no repercuten los numerosos casos de corrupción en que se ha visto envuelto su partido, no deja torpeza por cometer para desconsuelo de los suyos, especialmente los portavoces a quienes les cuesta encontrar las palabras para justificar tanto sinsentido  y también, y sobre todo, a los candidatos en Galicia y el País Vasco que ven torpedeadas sus campañas desde Madrid.

La última de sus gallegadas fue la propuesta para que el ex ministro José Manuel Soria asumiera como alto ejecutivo del Banco Mundial. Como es conocido por la opinión pública, Soria se vio obligado a renunciar al cargo de ministro de Industria y Turismo cuando su nombre apareció en los papeles de Panamá y además, que fue lo más grave, por mentir a los ciudadanos en su comparecencia para responder por la acusación que finalmente resultó cierta. Ese personaje, ni más ni menos, es el que Rajoy quería poner en el Banco Mundial en representación de España. El revuelo que provocó el anuncio entre propios y extraños obligó al Gobierno a retroceder en sus pretensiones y pedirle a Soria que renunciara a su postulación. Eso según Soria, porque el Gobierno insiste en que fue Soria el que decidió retirarse del “concurso”. La Oposición no perdió el tiempo y solicitó la comparecencia del ministro De Guindos en un pleno del Congreso para explicar el desaguisado, nunca mejor dicho. Y de nuevo los miembros del Gobierno y del PP mostraron su descoordinación: mientras el vocero Hernando aseguraba que el problema no tenía magnitud como para un Pleno, la Vice Presidenta Primera de la Mesa del Congreso, Alicia Sánchez-Camacho (PP), llamó a conferencia de prensa para anunciar que la próxima semana el ministro sí asistirá a un Pleno del Congreso a dar las explicaciones correspondientes. Finalmente, la Vice Presidenta Primera, Soraya Sainz de Santa María resolvió que la comparecencia del ministro sería en la Comisión de Economía. La explicación del enredo, dicen, es que finalmente el sacrificado en los altares para salvar el pellejo del jefe será De Guindos. Eso dicen.

Ya comentábamos antes que los electores, al parecer, no le tienen en cuenta al Partido Popular los numerosos casos de corrupción en que se ha visto envuelto, ni que tenga a varios de sus dirigentes imputados o preparando sus defensas ante los juicios que se avecinan. Esto se confirma si se miran los resultados de la Encuesta del CIS sobre las elecciones en Galicia. La consulta prevé nuevamente una mayoría absoluta para el Partido Popular, o más bien, para Alberto Núñez Feijóo. De confirmarse los sondeos, Núñez Feijóo surge como el  sustituto indiscutido de un Rajoy que al parecer sólo le queda esta última batalla por constituir Gobierno. En cuatro años, podría repetirse la historia de Fraga, si Rajoy fuese a la Xunta y Núñez Feijóo luchara por la Moncloa.

En el País Vasco, en cambio, las cifras obligarán a los partidos a buscar alianzas. Ninguna de las candidaturas obtiene la mayoría absoluta para gobernar en solitario. Así lo han decidido los ciudadanos, proclaman los políticos con voz engolada. La verdad, es que los ciudadanos votan sin pensar en esas cosas. Las consecuencias son artesanía de los que buscan frases o ideas que peguen en la prensa y el opinión pública. En todo caso, tienen que pactar, no les queda otra. Siembre que los resultados concuerden con las predicciones de las encuestas y, a decir verdad, últimamente no han andado muy finas que digamos.

Aparte de la ciencia ficción, las dos elecciones influirán en clave nacional. Después de conocidos los resultados, los movimientos en Madrid serán de alto grado y los acuerdos impensables por ahora.